El juez sexto de instrucción dice no tener claro lo ocurrido y que la Fiscalía no ha planteado un caso sólido en cuatro meses.

Las evidencias encontradas el día de los hechos no se trabajaron y se incorporaron como una prueba más que ahora generan dudas.

Han pasado 116 días de la desaparición de la agente Carla Mayarí Ayala Palacios y el juez Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuño, quien procesa a los cuatro agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), aún tiene dudas, que la Fiscalía General de la República (FGR)no le ha esclarecido respecto al hecho.

El funcionario judicial habló sobre la forma en la que se está llevando el caso y los vacíos detectados. Hay muchas dudas que pudieron haberse resuelto desde el principio, pero a casi cuatro meses, ni la misma Fiscalía ha podido explicar.

Arévalo Ortuño destacada dos deficiencias en la investigación que los fiscales del caso no le han aclarado. “Hay dudas que no se ha aclarado nada, como es por ejemplo, la mancha de sangre que se encontró en la entrada del GRP, que supuestamente es de Carla Ayala, la pistola que también estaba en el suelo, es un arma de equipo que supuestamente es de Juan Josué Castillo Arévalo”, dijo el juez.

Esos dos aspectos no están aclarados, a pesar que en el expediente consta un álbum fotográfico de la mancha de sangre y de la pistola, que por sí solos, esos dos elementos se terminan convirtiendo en una prueba inútil por la ausencia de relevancia, cuando tuvo que haberse potenciado como elemento contundente.

Muchas conjeturas surgen respecto a esa mancha de sangre y el juez hace su propia lectura. “Puede significar prácticamente dos cosas, la menos probable, pero siempre es posible, que realmente no le dispararon en el carro, sino que le dispararon ahí, eso es de entrada. La más probable es que por alguna razón, que no lo sé porque no hay ninguna pista al respecto, el cuerpo ensangrentado de ella fue bajado de la patrulla para qué o por qué a saber”, dice el juez.

Este rastro de sangre pone entre dicho lo manifestado el pasado 23 de marzo en la reconstrucción de los hechos, por los agentes del extinto GRP, Wilfredo Deras y Ovidio Pacheco, quienes expresaron que, aproximadamente, a las 11.30 pm.,recibieron una orden del sargento Humberto Ventura Martínez de indicativo “Enigma”, para que fueran a dejar al municipio de Apopa a la agente Ayala.

Ambos coincidieron en su declaración que cuando iban por la zona de la residencial La Gloria, escucharon una detonación dentro de la patrulla y que previamente se había activado la pantalla de un teléfono celular, pero que desconocen si era el de la agente Ayala o de Castillo Arévalo, tampoco aseguraron si fue una llamada telefónica o un mensaje de texto el recibido, pero creen que a raíz de eso Castillo Arévalo, le habría disparado a Carla con quien, aparentemente, tenía una relación sentimental.

Los dos agentes del extinto GRP aseguran que ante la lesión con arma de fuego producida por Castillo Arévalo, a Carla Ayala, decidieron regresar a la base del mencionado grupo élite de la policía y que cuando se bajaron a informar a su superior de lo ocurrido dejaron herida a Carla Ayala en la patrulla, momento que aprovechó Castillo Arévalo para huir.

Ese testimonio de los dos policías queda entre dicho con el hallazgo de la mancha de sangre en la entrada del GRP. En el expediente no hay una prueba científica que diga que es de Carla Ayala, ya que la Fiscalía solo se quedó con la premisa de que podría ser de ella, cuando pudo haberse realizado un análisis científico y corroborar si la agente fue bajada de la patrulla estando herida o si incluso fue en ese lugar donde le dispararon.

“Lamentablemente para mí el Código Procesal Penal que surgió a partir de 1998 y es por la reforma constitucional toda la investigación pertenece a la Fiscalía General de la República, el juez tiene pequeñas libertades de ordenar algunas diligencias”, dijo Arévalo Ortuño, al analizar la deficiencia investigativa del caso.

El funcionario espera que al completar la reconstrucción del hecho se le pueda aclarar todas las dudas pues como juzgador tiene antes de llegar a la audiencia preliminar donde se determinará la situación jurídica de los cuatro agentes del extinto GRP.