Este jueves 31 de octubre, durante la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa los diputados aprobaron la Ley de Comercio Electrónico, la cual brindará seguridad jurídica y legal a las relaciones de índole comercial, para la celebración de contratos, transacciones de bienes y servicios entre proveedores y consumidores realizadas por medio electrónico.
Con la misma se busca mejorar la velocidad en la forma de hacer negocios y su rápida evolución. Según la nueva ley, las relaciones entre el consumidor y proveedor en línea estarán reguladas de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, y en la misma se incluyen disposiciones para no violentar derechos de los usuarios.
La normativa será aplicable “a toda persona natural o jurídica, pública o privada establecida en El Salvador, que realice por sí mismo o por medio de intermediarios transacciones comerciales o intercambio de bienes o servicios contractuales, mediante la utilización de cualquier clase de tecnología o por medio de redes de comunicación interconectadas”; de esta se excluye a las comunicaciones electrónicas relacionadas al intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan.
Los legisladores consideraron oportuno brindar un período de 1 año para que entre en vigencia la normativa, luego de la publicación en el Diario Oficial, a la espera de que emitan también la Ley de Protección de Datos Personales y Habeas Data y la Ley de Facturación Electrónica.
Con esto se complementaría los esfuerzos que se realiza el Órgano Legislativo, desde octubre del año 2015, cuando emitieron la Ley de la Firma Electrónica, misma que “otorga y reconoce eficacia y valor jurídico a la firma electrónica certificada.
Para emitir la ley se tomó en cuenta la opinión de 15 instituciones que participaron en el debate presencial o por escrito, brindando aportes que fueron retomados en el cuerpo normativo, entre las gremiales consultadas destacan: Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Cámara de la Industria Textil (CAMTEX), Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham), Banco Central de Reserva (BCR) y Ministerio de Economía, entre otros; las consultas tuvieron también el propósito de conocer el impacto que la ley podría tener en la pequeña y mediana empresa y demás sectores de la sociedad salvadoreña.
