Mantienen constantes inspecciones por parte de las instituciones encargadas de garantizar que no existan abusos en el mercado y que afecten el bolsillo de los salvadoreños.

En este sentido, la Defensoría del Consumidor y la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía realizaron una inspección de precios en distintas gasolineras del país, a fin de garantizar protección a la población, en este tema.

“Los combustibles son un producto de alto consumo de la población y de los sectores productivos, por eso es importante la verificación y este monitoreo constante de los precios”, dijo el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.

El funcionario explicó que se ha incorporado en la verificación que realiza la institución, el tema de los combustibles, a partir del anuncio y aprobación del aumento al salario mínimo, para evitar que se genere especulación de precios.

Este tipo de inspecciones se organizan de manera coordinada entre ambas instituciones, ya que de acuerdo a Salazar, en estas gasolineras también hay tiendas de conveniencia donde se comercializan productos de primera necesidad.

En las inspecciones, acompañó el director de Hidrocarburos y Minas, Jorge Arnoldo Hernández, quien afirmó: “se hace a diario en todo el territorio, como hidrocarburos vamos a revisar calidad y cantidad del servicio de combustible”, enfatizó.

En los procedimientos de verificación de precios, también se garantiza que el servicio cumpla las características de acuerdo al tipo de combustible, así como la calidad y peso exacto, afirmó Hernández.

Salazar detalló que el esfuerzo interinstitucional se mantiene atento para evitar cualquier práctica abusiva. Las inspecciones de este sábado iniciaron en las estaciones de servicio de combustible ubicadas en la ruta al puerto de La Libertad.

El Gobierno del Presidente Bukele pone todo su esfuerzo para garantizar la estabilidad de los precios en el mercado, esto en beneficio de la población salvadoreña y se han intensificado las inspecciones en el contexto del aumento al salario mínimo que entrará en vigor a partir del próximo 1 de agosto.

La Defensoría recalca que de acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor, todos los proveedores están obligados a exhibir los precios de los productos y servicios que ofrecen, y que la venta a precio superior al ofertado, constituye una infracción grave a la ley, la cual es sancionada con multa hasta de 200 salarios mínimos.

Asimismo, la institución hace el recordatorio de los medios disponibles a la población para realizar denuncias relacionadas a abusos en el mercado: el número de teléfono 910 y en WhatsApp el 7860-9704, donde los casos serán atendidos con prontitud para ofrecer una solución al conflicto.