El 21 de junio pasado, la Dirección General de Centros Penales anunció que había decidido decretar el estado de emergencia en todos los centros penitenciarios del país como parte del Plan Control Territorial anunciado por el presidente Nayib Bukele.

Ante esta medida se corre el riesgo que muchos de los pandilleros que están a la espera de su proceso judicial, queden en libertad según el artículo 8 del código procesal penal.

En el que se decreta que ningún privado de libertad “Podrá sobrepasar la pena o medida máximas previstas en la ley, ni exceder el plazo de doce meses para los delitos menos graves y de veinticuatro meses para los graves”, sin que hayan sido juzgados.

Art. 8.- “La libertad personal sólo podrá restringirse en los casos y con los requisitos establecidos en la Constitución, este Código y demás leyes.

La detención o internamiento provisional deberán guardar la debida proporción a la pena o medida de seguridad que se espera y en ningún caso podrán sobrepasar la pena o medida máximas previstas en la ley, ni exceder el plazo de doce meses para los delitos menos graves y de veinticuatro meses para los graves, so pena de incurrir en responsabilidad penal. Esta regla no se aplicará mientras dure el trámite de extradición en el extranjero.

La privación de libertad podrá extenderse mediante resolución fundada por doce meses más para los delitos graves, durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria.

En los delitos sujetos al régimen de acción privada solamente se podrá decretar la detención provisional cuando la pena prevista sea de privación de libertad”.

Tras la suspensión  de trabajo judicial, los miles de reos que están en la fase de espera  podrían recuperar su libertad automáticamente si no se procede a realizar el juicio antes del tiempo estipulado por la ley.