Costa Rica decide entregar a El Salvador a suegro del expresidente Funes
Costa Rica ya aceptó deportar a El Salvador a Juan Carlos Sigüenza Berdugo, suegro del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. El problema es que todavía tiene recursos legales que puede presentar para demorar en el tiempo su entrega al sistema judicial salvadoreño para ser juzgado por delitos de corrupción.
Raúl Melara, fiscal general, dijo en declaraciones a los medios de comunicación que el acusado de lavado de dinero está detenido con propósitos de deportación. Aclaró, sin embargo, que el proceso “no es tan expedito como quisiéramos”.
“Él tiene habilitados recursos legales los cuales a la fecha están deteniendo la deportación a El Salvador”, afirmó.
Desde principios del año que transcurre el país esperaba una respuesta a la solicitud de deportación que la Corte Suprema de Justicia entregó, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Órgano Judicial costarricense.
El papá de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, cónyuge de Funes, fue capturado a principios de abril en Costa Rica. Desde entonces comenzó el proceso de extradición.
El sujeto es uno de los imputados del caso Saqueo Público en el que se le señala por lavado de dinero y activos. En esta acusación se presume que fueron lavados más de 351 millones de dólares que fueron saqueados de las arcas de Casa Presidencial.
A finales de abril de este año la Fiscalía General de la República (FGR) intervino 61 propiedades que se presume compraron familiares y amigos cercanos de Funes con dinero del Estado. Entre los bienes intervenidos hay empresas, casas, una hacienda y una vivienda en Chile, todo valorado en más de 23.8 millones de dólares.
La mayoría de las propiedades intervenidas están en San Salvador, La Libertad, Sonsonate, La Paz, La Unión, Usulután y San Miguel. Los bienes pasaron a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
Funes es imputado en cuatro procesos judiciales. Uno de ellos es por su participación en el “Caso Corruptela”, en el cual se procesa a una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía que administró Luis Martínez.
La Fiscalía acusa a Funes de haber sobornado a Martínez para no ser investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas y la divulgación en televisión nacional de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
También es requerido por la justicia salvadoreña por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.
Asimismo se ha solicitado capturar a Funes para que responda por haber divulgado en televisión nacional el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.
La Fiscalía anunció que tiene investigaciones abiertas contra Funes por supuestos pagos de sobornos a diputados para aprobar medidas favorables a su gobierno, según trascendió en unos audios publicados en una investigación de la revista digital Factum, lo cual podría acarrearle en un futuro una sexta orden de captura en su contra.
