Los diputados pretenden reformar la Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, para sustituir a la que se promulgó en 1993 y que, en julio de 2016, fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ante esto la Corte decidió decretar medidas provisionales por el caso El Mozote, así como detener el proceso de ley que hasta hoy no se conoce a fondo. Por lo que la Corte ordenó detener el proceso de “reconciliación nacional” hasta que el Pleno de la corte conozca y se pronuncie sobre la solicitud de medidas provisionales.

La resolución de la corte tiene el objetivo de evitar que el Estado salvadoreño incumpla con el derecho al acceso a la justicia de las víctimas y para que cumpla con sus «obligaciones internacionales» derivadas de la Convención Americana y otros convenios.

La propuesta de ley amnistía planteada por los diputados de la Asamblea Legislativa solamente beneficiaba a quienes participaron en el conflicto armado.

La CSJ tomó esta decisión por considerar que la ley era contraria al derecho al acceso a la justicia, a la tutela judicial de los derechos fundamentales y porque violentaba el derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

Los presentantes de las víctimas del conflicto armado pidieron ayer a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que no apruebe una nueva Ley de Reconciliación ya que no garantiza justicia, más bien garantiza impunidad a los perpetradores de crímenes durante el conflicto armado.

Ante esto, la Corte ordenó medidas urgentes y suspensión de cumplimiento de sentencia. En la resolución ordenó:

Suspensión inmediata de todo trámite sobre el proyecto de «ley de reconciliación nacional» en El Salvador.

Que el Estado de El Salvador presente a más tardar el 14 de junio de 2019 un informe sobre el cumplimiento de esta decisión.

Que representantes de las víctimas presenten observaciones dentro de un plazo de 4 semanas.