El Salvador escribe, este día, la última página de una administración gubernamental dirigida por el FMLN que deja un sinsabor a millones de salvadoreños que esperaron un cambio en la conducción del país, pero que al término de los últimos cinco años no percibieron mejoras económicas, sociales y políticas.

Salud: Falta de atención médica oportuna y acceso a medicamentos

La falta de medicamentos e insumos, equipo médico obsoleto o dañado son los retos más sensibles que enfrenta el nuevo gobierno en el área de salud. Sin embargo, esto es solo un pequeño reflejo de los males que están aquejando a esta área. La nueva ministra de Salud bien podría enumerar los mismos retos que se puso la funcionaria saliente, cuando asumió el cargo.

En el Plan Quinquenal de Salud 2014-2019 ya planteaba la construcción de un nuevo hospital Rosales y otro hospital general al norte de San Salvador, la implementación de los equipos comunitarios de salud (ecos), el Sistema Nacional Integrado de Salud con enfoque de derechos humanos, la ampliación progresiva de la cobertura de salud a toda la población y prestación integral de servicios de salud oportunos, accesibles, asequibles, eficaces y de calidad.

También se planteó el fortalecimiento de la investigación científica en salud, la formación continua del talento humano y el aseguramiento a la población de medicamentos y tecnologías de calidad de forma oportuna.

Los retos siguen siendo los mismos. Pero el problema permanente es la falta de presupuesto.

En 2017 los 30 hospitales públicos enfrentaron un recorte en sus presupuesto de funcionamiento por un monto de 17 millones de dólares, en relación a los montos asignados un año antes. Este presupuesto de funcionamiento es el destinado para gastos administrativos, compra de insumos y pago de servicios externos. Los dos gobiernos de izquierda le apostaron a la Reforma de Salud, pero con resultados contrarios a sus objetivos. La vigilancia epidemiológica se vio vulnerada ya que solo este año se reportó el alza de los casos de fiebre tifoidea, dengue y neumonía. El año pasado salud perdió la batalla contra el dengue. Hubo siete niños muertos por esa causa. Algo que no ocurría desde hace años.

El incondicional apoyo a regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro en Venezuela, el de Daniel Ortega en Nicaragua y el de los Castro en Cuba, además de la atropellada relación con EE.UU. y el portazo a Taiwán para abrir relaciones con China, son tres claves que resumen los vínculos que el gobierno saliente estableció en política exterior durante la gestión que culminó ayer.

El gobierno del FMLN se mantuvo fiel a sus socios chavistas, al orteguismo y al castrismo, pese a las constantes denuncias de la comunidad internacional de las reiteradas violaciones a los derechos humanos en esos países.

Con Estados Unidos manejó un doble mensaje: por un lado, dirigentes del FMLN lanzaron ataques verbales contra el gobierno estadounidense y, por otro lado, funcionarios del Ejecutivo solicitaban ayuda financiera a Washington y benevolencia con los más de 200 mil salvadoreños amparados al TPS. Este programa fue cancelado en enero de 2018 y la salida de los compatriotas estaba prevista para septiembre de este año, pero luego de un fallo judicial se extenderá hasta enero de 2020.

Tratar de revertir esa relación atropellada será uno de los mayores desafíos que tendrá la administración de Nayib Bukele, quien poco después de ser electo en febrero pasado destacó que trabajará en “demostrar las señales correctas” a Washington para mejorar los lazos. Ha dicho que se compromete en “generar oportunidades” en el país para que los salvadoreños no tengan que migrar a EE.UU.

Otro momento que marcó al FMLN en el último año de gobierno, y a pocos meses de las elecciones presidenciales, fue la ruptura con Taiwán (en agosto 2018) y la apertura de relaciones con China popular, cuya decisión fue criticada por organizaciones en el país y por el gobierno de Estados Unidos por la forma inconsulta y sorpresiva que se hizo.

En este tema, el gobierno entrante aún no ha dicho con claridad si mantendrá o no los lazos con China.

Seguridad ciudadana: el mayor problema y gran reto del gobierno

No es nuevo, pero no por ello deja de ser fundamental y complejo; si hay algo que hace perder la tranquilidad, impide que personas se lancen a emprender o que familias se vean obligadas a emigrar o dejar sus casas por amenazas, esa es la inseguridad. Y al hablar de inseguridad lo primero que salta a la mente es, pandillas, la plaga que en los últimos diez años incrementó su accionar y nivel de criminalidad.

La membresía de las maras supera los 60,000 de acuerdo con cifras policiales; el mismo ministro de Defensa, Munguía Payés, ha reconocido que los tentáculos de las maras llegan a unas 500,000 personas, ya que por cada pandillero hay varios colaboradores, que pueden ser sus hermanos, papás u otro pariente.

Y como consecuencia principal de la criminalidad está la epidemia de homicidios, un fenómeno que ha llevado al país a estar entre los países más peligrosos del mundo, junto a Honduras, debido a sus altas tasa de muertes violentas: 81 por cada 100,000 habitantes en 2015 y 64 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2016, por ejemplo.

Durante el gobierno de Sánchez Cerén, se tuvo el año más violento de la década: 2015 con más de 6,600 homicidios (18 muertos por día) y luego se redujo considerablemente, pero se sigue matando a salvadoreños a un promedio de 10 por cada día.

Por si fuera poco, el tema de los desaparecidos es otro de los grandes retos que enfrentan los que dirigen la seguridad, ya que solo en el año 2018, desaparecieron 3,500 salvadoreños, y de acuerdo con especialistas, es probable que el 80 por ciento de ellas están muertos y solo un ínfimo número son salvadoreños que huyen a otros países, por supuesto de la inseguridad, la falta de empleos y oportunidades. Para encarar este fenómeno el país cuenta con una fuerza policial de aproximadamente de 27,000 miembros, quienes no escapan de ser blanco de los criminales.

Economía: desempleo, poca inversión y una elevada deuda

El desempleo es la gran deuda del Gobierno en materia económica. Los datos oficiales analizados por el departamento económico de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indican que en los últimos cinco años (2014-2018) solo se crearon 49,972 nuevas plazas en el sector formal, pero este número no cubre ni siquiera la demanda total de nuevos empleos que surgen cada año (55,000 personas en edad productiva).

Y aunque la economía se mantuvo a un ritmo del 2.5 % del PIB, este crecimiento no fue suficiente para que los salvadoreños mejoraran su situación económica.

Su salvación siguió siendo los más de $5,000 millones en remesas que envían los salvadoreños en el exterior y que permitieron que el consumo se mantuviera.

Sin embargo las fuentes de empleo han sido escasas y más bien hubo despidos en muchas compañías que decidieron recortar sus inversiones para mantenerse a flote.

El Gobierno de Sánchez Cerén hereda, además, una deuda que representa el 70 % del PIB, es decir más de $18,900 millones de todo lo que se produce en un año.

Uno de sus grandes desaciertos económicos fue llevar al país al borde del impago en 2017, lo que provocó que los inversionistas y demás empresas que pretendían invertir en el país lo consideraran una nación poco confiable para desarrollar sus negocios.

Durante su administración hubo una insistencia por reformar el sistema de pensiones y tomar los fondos ahorrados por los salvadoreños, una intención que fue frenada solo después de que se crearan reformas con más consenso.

La burocracia y excesivos trámites para establecer una empresa o desarrollar un proyecto en el país también alejaron la inversión. No fue sino hasta en el último año de su administración que sectores como la construcción lograron invertir después que el Gobierno desentramparan sus permisos.

Los atrasos en Aduanas fueron recurrentes. Redacción de elsalvador.com