La Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó, sin los votos del FMLN, que el ente rector del agua y que está dentro de la propuesta de ley del tema que sigue en discusión, sea conformada en su mayoría por entidades que representan al interés privado.
Lo aprobado por mayoría en la instancia del Congreso consiste que el ente rector sea integrado por un representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y otro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Universidad de El Salvador (UES), las alcaldías, el sector productivo agropecuario, las juntas de agua y el sector productivo industrial.
El punto de discusión está en que el representante de las alcaldías será designado por la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), una entidad que se define como una asociación, entidad de derecho privado no gubernamental, según publica su página web en el apartado “Quiénes Somos”.
La composición del ente rector sería que tendría representación de tres instituciones públicas (MARN, MAG y la UES) y cuatro del sector privado (las juntas del agua, los sectores agropecuario e industrial y las municipalidades).
La diputada del FMLN, Dina Argueta, manifestó que el partido que representa no votó por dicha conformación y lamentó que en esta oportunidad hayan “podido más los intereses privados, para la derecha, en la Comisión de Medio Ambiente, que el bienestar del pueblo salvadoreño”.
Minutos después que la Comisión aprobara dicha conformación, el partido GANA, en su cuenta de Twitter, publicó: “Aclaramos que nuestros diputados no votaron por la conformación del ente rector del agua aprobado por otros partidos representados en la Comisión de Medio Ambiente debido a que no responde a la propuesta que hizo #GANA”.
En los últimos años, ha existido un fuerte debate público y al interior de la Asamblea sobre la ley del agua, especialmente por la conformación del ente rector, de hecho, tanto las organizaciones ciudadanas, como la Iglesia Católica y las universidades han realizado protestas de calle exigiendo que la administración del vital líquido esté a cargo de instituciones públicas y no privadas.
