La Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 51 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) con la finalidad de resguardar la integridad de ese sector de la sociedad, estableciendo que quien manipule la imagen de una mujer con el fin de perjudicarle debe ser castigado hasta con ocho años de cárcel.

Esta modificación a la LEIV propone un incremento de la pena, tanto en el rango mínimo para que no sea un delito excarcelable, como en el rango máximo, siendo el aumento de la medida una valoración razonable, pues es homóloga con aquellos sectores vulnerables comprendidos en la ley especial contra los delitos informáticos y conexos.

La reforma establece que “quien publicare, compartiere, enviare, exhibiere o distribuyere material pornográfico por medio informativo, electrónico o cualquier otro medio en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer, real o simulada, sin su consentimiento, será sancionado con una pena de prisión de cuatro a ocho años”.

Esta enmienda incorpora a aquellas víctimas cuyas imágenes no son propias, sino que resultan de la modificación de otras, utilizando rasgos similares y que a través de la manipulación electrónica las difunden con la finalidad de dañar o calumniar públicamente a una mujer.

Al respecto, el presidente del Legislativo, doctor Norman Quijano (ARENA), manifestó: “Recurrentemente hablamos que la gran crisis en el país es la pérdida de valores morales […], me pregunto: ¿Acaso no es grave atentar contra el honor de una persona? ¿Acaso de no es aberrante y humillante difundir imágenes tomadas en la intimidad, allanar el honor y la dignidad? ¿Es justo, sin que esto merezca un castigo grave? No le tengamos miedo a llenar cárceles de gente con mentes corrompidas y enfermas”

En tanto, la diputada Elizabeth Gómez (FMLN) expuso: “El impacto de la violencia contra las mujeres todavía es amplio en la sociedad, la salud precisamente es parte de ese impacto, la salud mental, la salud física y también hay que decir la salud de las familias de las víctimas, pero a medida que las mujeres denuncian y se hace cumplir la ley, se va creando más confianza hacia el sistema”.

La aprobación de esta ley fue resultado de la alianza de trabajo conjunto entre las organizaciones feministas y de mujeres de El Salvador, el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), el Mecanismo Nacional de la Mujer y el Consejo por la Igualdad y la Equidad, con el apoyo y acompañamiento del conjunto de instituciones cooperantes y agencias con la finalidad de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.