Este viernes a tempranas horas se conoció sobre un paro de labores en el Juzgado Especializado de Sentencia en la ciudad de San Miguel.

Empleados del juzgado especializado de Sentencia, demandan que las condiciones de trabajo son precarias y tomaron esta medida como presión ante la falta de interés de las autoridades del órgano judicial. Aseguran que en reiteradas ocasiones han hecho las solicitudes ante la administración, sin embargo, estas no han tenido respuesta.

Según miembros del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial, no cuentan con las  mejores instalaciones  para realizar los procesos judiciales correspondientes.

El poco espacio y las condiciones no son las mejores para efectuar las audiencias virtuales, sindicalistas aseguran que cuentan con el equipo tecnológico necesario, pero no con el personal capacitado para hacer uso de este.

Según manifestaron incluso la sala de audiencias virtual está inoperable por lo que hacen el llamado al presidente del órgano judicial a que verifique personalmente este caso.

Otro punto importante para los sindicalistas y por los cuales exigen mejorías, es la energía eléctrica que utilizan en las instalaciones las cuales no abastecen los equipos informáticos instalados. El Juzgado está ubicado en una residencia que está apta para una familia, no para una institución como tal.

Aseguraron que si la próxima semana no cuentan con una respuesta positiva estas medidas continuarán   asimismo otros juzgados se unirán a las protestas como muestra de apoyo.

Estas condiciones en las que se encuentra el Juzgado Especializado de San Miguel, ya ha presentado anomalías en sus funciones; entre enero y julio del presente año 932 reos fueron puestos en libertad tras que les venciera el periodo de la detención provisional sin enfrentar el juicio.

El Juzgado Especializado de San Miguel, procesa casos de estructuras de pandillas y crimen organizado de los cuatro departamentos de la zona oriental del país. Uno de los más delicados es un "grupo de exterminio" de pandillero, donde hay miembros de la corporación policial implicados, y otro es el caso Tiburón, en el que está acusado el exalcalde de Usulután Miguel Ángel Jaime y que recientemente quedó libre a la espera de juicio.