Trump usa el terrorismo para atacar a la inmigración y endurecer las leyes

La Casa Blanca afirmó ahora que tres de cada cuatro terroristas condenados en EE UU nacieron en el extranjero

Tres de cada cuatro condenados en EE UU por terrorismo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 han nacido en el extranjero. El dato, largamente guardado por la Administración estadounidense para evitar la xenofobia, fue liberado por la Casa Blanca en plena negociación migratoria en un intento tan despiadado como poco sólido de vincular la acogida de extranjeros con la devastación terrorista. “Este informe revela de forma indiscutible que nuestro sistema migratorio socava la seguridad nacional”, afirmó el fiscal general, Jeff Sessions.

Donald Trump volvió a jugar en los extremos. Ya en campaña equiparó a migrantes y terroristas. Y en la Casa Blanca su primer gesto fue imponer un severísimo veto, cuya formulación final afecta a Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, y en menor medida, Venezuela. La medida trajo consigo una enorme polémica e incluso motivó la intervención del Tribunal Supremo, pero en modo alguno sació a Trump.

14% DE LA POBLACIÓN DE EE UU NACIÓ FUERA

La inmigración poco tiene que ver con el terrorismo en Estados Unidos. En el último medio siglo han entrado en el país 59 millones de extranjeros. Esta inmensa corriente ha llevado a que un 14% de la población estadounidense actual haya nacido fuera. Vincular esos cerca de 45 millones de habitantes con los atentados yihadistas es una desmesura.

Igualmente incierto resulta que la inmigración irregular sea un fenómeno al alza. La actual cifra de 11,3 millones de indocumentados es inferior a épocas anteriores.

Su meta, aplaudida por sus votantes, es reformular el núcleo de la legislación migratoria. Ya no se trata de recibir sino de seleccionar y expulsar. Este paso implica acabar con el reagrupamiento familiar, imponer un sistema de méritos, facilitar las deportaciones inmediatas, reducir a la mitad la entrada de refugiados y los permisos de residencia, así como liquidar las coberturas temporales para extranjeros, ya sea el programa paradreamers (700.000 personas) o el estatuto que protegía a 200.000 salvadoreños, 59.000 haitianos y 5.300 nicaragüenses.