Donald Trump tiene prisa por cerrar por completo el otro gran frente comercial de los dos últimos años. De regreso a Washington, tras la cumbre del G20 celebrada el viernes y el sábado en la capital argentina, el presidente de Estados Unidos, conocido por sus inclinaciones proteccionistas, lanzó el último órdago para sacar adelante lo antes posible el T-MEC, que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) de 1994.

Para que el pacto, acordado hace un par de meses y firmado en Buenos Aires por los presidentes de los tres países participantes EE UU, México (Enrique Peña Nieto) y Canadá (Justin Trudeau), sea un hecho necesita aún del visto bueno definitivo de todos los Congresos. Y Trump quiere que el proceso no se demore demasiado tras el cambio de mayoría en la Cámara de Representantes, en la que los demócratas, tradicionalmente más duros con los acuerdos comerciales con otro países, tienen ahora el mando.

La jefa de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, dijo el viernes que el acuerdo "aún debe ser trabajado", y declaró que México no se ha dotado aún de una ley sobre los salarios y las condiciones de trabajo. Como en 1994, ese punto es el más espinoso para los demócratas, que quieren evitar a toda costa cualquier traza de dumping laboral.

No obstante, en este casi cuarto de siglo de vigencia del TLC, muchas empresas estadounidenses han hecho uso del instrumento que creó el mayor área de libre cambio del mundo para trasladar parte de su producción a México, donde los salarios en el sector manufacturero son hasta seis veces más bajos. 

El nuevo acuerdo incorpora un capítulo laboral más estricto que el actual y promete mejorar las condiciones de trabajo de los empleados mexicanos, incluida una sindicación real que hoy brilla por su ausencia en muchas empresas