Aún existen opciones para que los beneficiarios del TPS permanezcan en Estados Unidos, siempre y cuando posean una base para ajustar su estatus migratorio y sean elegibles para recibir la residencia.

La Corte de Apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos falló a favor del Gobierno federal para finalizar el Estatus de Protección Temporal (conocido como TPS) para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, que afectará a unos 300 mil inmigrantes en tierras estadounidenses.

El fallo deja a 300 mil personas desprotegidas ante la deportación. El 5 de marzo del 2021, el programa vencerá para 57 mil hondureños, 46 mil haitianos y 2 mil 550 nicaragüenses. Ocho meses después, el 5 de noviembre, finalizará para 195 mil salvadoreños.

La decisión de los jueces implica que cualquier inmigrante de los cuatro países deberá encontrar otra forma de permanecer legalmente en Estados Unidos. A pesar que las opciones son reducidas, es posible encontrar apoyo en el terreno humanitario y familiar.

Ante esta situación, los ‘tepesianos’ con más de diez años en Estados Unidos y con hijos ciudadanos mayores de 21 años de edad pueden pelear en contra de una deportación. Para ello requiere un asesoramiento de abogados especializados para analizar cuál opción podría beneficiarlo ante la posible finalización del TPS.

Tienen derecho de pedir cancelación de deportación porque han estado aquí más de diez años. Y si tiene padres, hijos o pareja ciudadanos o residentes, pueden pedir eso, que resultará en una residencia», dijo la abogada de inmigración, Julia Toro, al medio Univisión.

Otra opción legal sobre la mesa es la visa «U», que aplica para las víctimas de ciertos delitos penales, ya sea un asalto, agresión sexual, tráfico de personas, violencia doméstica e incluso delitos laborales.

En octubre de 2018, la Corte Federal de Distrito del Distrito Norte de California ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) desistir de implementar y hacer cumplir las decisiones de cancelar el TPS, para dichas naciones, como respuesta a la demanda Ramos v. Wolf (antes Ramos v. Nielsen).