México vive una invisible guerra de baja intensidad. Dos potentes fuerzas están por chocar bajo la superficie justo en el inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La primera es el impulso transformador que ha abierto la era presidencial de Morena con un discurso de austeridad y en contra de las élites. La otra es el poder judicial, que ha alzado la voz en lo que considera “un claro contexto de debilitamiento” mediante ataques a la independencia judicial.

El enfrentamiento de estos sujetos podría derivar en el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, quien podría dirimir un conflicto institucional entre el poder Ejecutivo y Judicial.

Más de 2.000 empleados de la judicatura entre ellos 600 magistrados han promovido juicios de amparo, un proceso en el que se impugnan normas generales que se consideran violatorias de los derechos humanos. Los funcionarios se han mostrado inconformes por la primera reforma del Gobierno de Morena, la de dos artículos de la Constitución 75 y 127, con la que López Obrador ha decretado que nadie en la Administración Pública gane más que él.

El mandatario recortó un 40% su sueldo y lo fijó en 108.000 pesos mensuales (5.300 dólares). La demanda afirma que esta reforma “es contraria al orden constitucional”. “El Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales”, afirma la demanda, de la que el medio internacional EL PAÍS tiene una copia.