En EE.UU. se reaviva la polémica en torno a la pena de muerte a partir de las medidas alternativas que los gobiernos locales están buscando para ejecutar a los condenados a muerte, ante la escasez de inyecciones letales.

En el caso del estado de Carolina del Sur se ha aprobado el uso de pelotones de fusilamiento, mientras que Arizona rehabilitó una cámara de gas, donde planea utilizar gas de cianuro de hidrógeno, conocido como Zyklon B, el mismo que fue utilizado por los nazis para asesinar a centenares de miles de judíos en Auschwitz.

Esta decisión ha causado una ola de indignación por la crueldad del proceso. La última vez que Arizona ejecutó a un preso con gas fue en 1999, ocasión en la que el condenado tardó 18 minutos en fallecer.

Sin embrago, más allá de la polémica, se ha reabierto el profundo debate en torno a la pena de muerte, en el que la polarización es palpable, lo que para unos es un castigo merecido, para otros es una muestra de barbarie.

A pesar de que la mayoría de estadounidenses están a favor de la pena de muerte, las encuestas muestran que, mientras en 2006 el 71 % de ciudadanos pensaba que era un castigo moralmente aceptable, en 2020 ese número disminuyó hasta el 54 %.

De esta forma, los activistas aseguran que ese rechazo no solo se sustenta en la evolución moral de la sociedad, sino también en que las autoridades han utilizado métodos de extrema crueldad incluyendo la experimentación médica.    

En definitiva, la pena de muerte sigue siendo un laberinto moral que indaga y plantea una pregunta imposible: ¿Cuál es el precio de la vida humana?