La semana pasada se revelaron algunas fotografías de un centro de salud en Tekax, en el Estado de Yucatán, en el sureste del país. Las imágenes muestran a un niño recién nacido siendo nebulizado con una caja de cartón en marzo. La escena fue capturada por doctores y enfermeros que denunciaban las precarias condiciones del hospital. Los políticos de la oposición también aprovecharon estas denuncias para desvelar una supuesta trama que habría desviado más de siete millones de dólares de la secretaría de Salud local a través de empresas fachada. La fotografía del menor, fallecido en abril, ilustra con claridad el impacto generalizado que la corrupción, que cuesta a México diez puntos del PIB cada año, tiene en la vida cotidiana de los mexicanos.

El esquema utilizado en el sector salud de Yucatán ha sido implementado a mayor escala. Tres periodistas documentaron un mecanismo similar con el que diversas dependencias y secretarías del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto utilizaron empresas fantasma para simular contratos con decenas de universidades públicas en la nación. La estafa maestra, la investigación que hizo pública esta trama, calcula que el monto del desvío supera los 400 millones de dólares. Las autoridades fiscales afirman que en el país existen más de 6.500 empresas fachada, que entre 2012 y 2017 habría facturado más de 700.000 millones de dólares, cerca del 5% del PIB nacional.

Este refinado escándalo de corrupción, uno de los más grandes del actual Gobierno del PRI, ha dejado cuatro funcionarios inhabilitados del servicio público. Algunas personas que han ayudado a documentarlo también han sido castigadas.