México ya prepara los membretes de la nueva Fiscalía General de la República (FGR). La Cámara de Diputados ha aprobado este martes la creación del organismo que sustituirá a la antigua Procuraduría General de la República (PGR), que dependía de la presidencia.

Sin embargo, la ley, impulsada por la mayoría parlamentaria de Morena, el partido en el poder, no contempla cambios constitucionales para limitar la influencia del Ejecutivo en la designación y remoción del próximo titular de la FGR. La nueva normativa ha desatado críticas de la oposición y de Fiscalía que sirva, una coalición de 300 organizaciones que aboga desde hace dos años por un modelo de procuración de justicia que combata la crisis de impunidad que azota al país.

La aprobación de la ley orgánica, que ya pasó por el Senado a mediados de noviembre, destraba los escollos formales que impedían la puesta en marcha de la nueva fiscalía y era una tarea que había quedado pendiente desde que se aprobó un paquete de reformas políticas en 2014. La creación de la FGR permite que entre en la discusión de los presupuestos para 2019, prevista para finales de esta semana en el Congreso, y da visos de su nueva estructura con cuatro fiscalías especializadas: derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y asuntos internos. El nombramiento del próximo fiscal se perfila para inicios del próximo año.

En el centro del debate está la estructura para afrontar casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa —empantanado y marcado por la falta de conclusiones convincentes a cuatro años de haber sucedido— o la red de sobornos de Odebrecht, sin consecuencias penales en México. Las deficiencias en la procuración de justicia y la falta de confianza en las instituciones provocan que el 94% de los delitos no se denuncien, según datos oficiales, y que la probabilidad de que un delito sea resuelto en el país apenas supere el 1%, de acuerdo con la organización Impunidad Cero.