Tlahuelilpan dejó de ser Tlahuelilpan hace ya tiempo. En este pueblo, cuyo nombre deriva del náhuatl y significa "el lugar donde se riegan las tierras", el comercio le ganó la partida a la alfalfa y al maíz. En martes de mercado, el tianguis semanal llena de puestos y de olores las calles y de gente venida de toda la zona para hacer sus compras de la semana. Más recientemente el comercio municipal incorporó un nuevo producto, más de trastienda y que no se ve en las estanterías: la gasolina robada. Un secreto a voces que ha salido a la luz en su versión más macabra con la muerte el viernes de al menos 85 personas, debido al estallido de una toma clandestina.
"Este pueblo no es huachicolero". Es un mantra que se repite entre los vecinos del lugar. No quieren ver su buen nombre asociado a la mancha negra de la venta de gasolina robada. Un delito, castigado con hasta 30 años de cárcel, que ha dominado la agenda pública y mediática mexicana desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador le declaró la guerra. Coco Mesa es comerciante, como también lo son, asegura, sus vecinos: "Mira, ese señor se dedica a hacer cortinas y este que acabo de saludar tiene una tienda", explica. "¡Cómo van a saber mi esposo o mi hijo abrir un ducto!", exclama, como subrayando lo ridículo de la idea. Alrededor del 60% de la actividad económica de este municipio de 20.000 habitantes proviene del comercio; la agricultura y la ganadería no llegan al 20%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La puerta del garaje de Mesa luce un par de pegatinas con la cara del presidente. Ella apoya la cruzada contra el robo de combustible, que se ha disparado desde hace unos años hasta costar al erario público más de 60.000 millones de pesos, unos 3.000 millones de dólares, según cálculos del Gobierno. "La gasolina es de todos y además no pagan impuestos", defiende. Algo así opina Alfredo Figueroa. Su familia tiene una marisquería en el pueblo y él conduce una pipa, un camión cisterna de 60.000 litros con el que transporta gasolina desde la refinería de Tula, a unos kilómetros de Tlahuelilpan. "Es zona peligrosa, con mucho huachicol", dice sobre esta parte de Hidalgo, el segundo Estado del país con más tomas clandestinas de gasolina.
Pero el pueblo, no. ¿O sí? Todo son rumores dos días después de la tragedia, un domingo de niebla, con muchas persianas cerradas y gente que comenta lo sucedido. "Es como si están, pero no están", dice una vecina sobre la venta de combustible en el pueblo. Un carnicero del centro del pueblo estima que en los alrededores hay unos 70 locales, entre bodegas, talleres y casas particulares que participan en este negocio tan lucrativo: venden el litro de combustible a ocho pesos, menos de la mitad del precio de gasolinera. "Explotó hace dos o tres años", recuerda. "Todos lo saben y se benefician. La policía municipal y la estatal también". Su madre lo manda callar, no sea que alguien "agarre" a sus nietos.
El director de la policía municipal, Abelardo Hernández, asegura que el robo de combustible es un problema con el que lidian regularmente, pero defiende que informan siempre al Ministerio Público. La actuación de, en este caso, los militares han centrado la polémica tras la tragedia. Un grupo de 25 avisó de la toma ilegal cuando la detectaron, dos horas antes de la explosión, según la versión oficial, aunque algunos militares, en condición de anonimato, aseguran que fue mucho antes. Desde entonces, hasta la detonación, ninguna autoridad ha aclarado cuándo llegaron los refuerzos; lo único que se sabe es que para ese momento la avalancha de gente era tan grande que se evitó cualquier conato de confrontación.
