Encarcelado desde abril, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas para la próxima elección, presentó formalmente su candidatura ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que fue impugnada en mismo día por la Fiscal General de la República, Raquel Dodge.

Esa fue la primera jornada de lo que promete ser una dura contienda legal del Partido de los Trabajadores (PT) y de movimientos sociales que están en las calles, para conseguir la libertad y la elección de su líder.

«No desistiremos hasta tener a Lula como candidato», declaró a la prensa extranjera la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, indicando que su partido hará de todo para llevar su foto a las urnas y a la propaganda electoral. «No reconocemos lo que está siendo hecho con él desde el punto de vista judicial y legal», declaró la líder, que también es abogada.

Según la joven ley Ficha Limpia, candidatos condenados en segunda instancia, como es el caso de Lula, son inelegibles. Hoffmann ve, sin embargo, salidas legales, entre ellas, un caso similar en que un candidato a alcalde fue electo encarcelado, y liberado para ejercer su mandato.

En un artículo publicado esta semana en el diario norteamericano «The New York Times», el propio Lula se defiende de lo que llama «un golpe» de la derecha sobre fuerzas progresistas, «con todas las encuestas probando que vencería fácilmente las elecciones de octubre», escribe el expresidente, condenado a 12 años de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de fondos. Su defensa cuestiona el proceso, basado en confesiones de presos que negociaron la reducción de sus penas.

Sin Lula candidato, el favorito es el ultraderechista Jair Bolsonaro, que tiene un 21% de favoritismo en los sondeos, pero según las encuestas, pocas chances de elegirse en segunda vuelta, por un alto índice de rechazo. Al lado de Lula y Haddad, otros doce candidatos se presentaron esta semana a la presidencia, para la elección general que tendrá su primera vuelta el 7 de octubre.