Irán ejecutó a siete menores el año pasado y a dos en lo que va de año, a pesar de que las leyes de derechos humanos prohíben la pena de muerte para cualquier persona menor de 18 años, dijo el miércoles un experto independiente en derechos humanos de la ONU.

Javaid Rehman también dijo al comité de derechos humanos de la Asamblea General de la ONU que tiene “información creíble” de que hay por lo menos 90 menores actualmente en el corredor de la muerte en Irán.

Rehman, el investigador especial de la ONU sobre derechos humanos en Irán, expresó su profunda preocupación por el uso general de la pena de muerte en la República Islámica, diciendo que su tasa de ejecución “sigue siendo una de las más altas del mundo”, incluso después de una caída de 507 en 2017 a 253 en 2018. Hasta ahora en 2019, dijo, “las estimaciones conservadoras indican que se han llevado a cabo al menos 173 ejecuciones”.

Acogió con satisfacción una enmienda a una ley iraní contra los estupefacientes en 2017 que condujo a la reducción de las ejecuciones en 2018, pero dijo que “hay más trabajo por hacer”. También se mostró alentado por el “diálogo reforzado” entre las autoridades iraníes y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos “sobre la administración de justicia y las ejecuciones de menores delincuentes”.

En cuanto a la situación general de los derechos humanos en Irán durante el último año, Rehman citó una serie de “factores preocupantes”, incluyendo una situación económica en declive que, según él, “empeoró por el impacto de las sanciones, con graves consecuencias para la realización de los derechos económicos y sociales”.

Estados Unidos ha estado aumentando las sanciones contra Irán desde que el presidente estadounidense Donald Trump se retiró el año pasado del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales. El gobierno de Estados Unidos sostiene que Irán no está cumpliendo con el acuerdo en medio de nuevas preguntas sobre sus actividades planteadas por el organismo de control atómico de la ONU y está instando a otros países a que también aumenten la presión sobre Teherán.

En este contexto económico, dijo Rehman, los que piden el respeto de los derechos humanos “han sido intimidados, acosados, arrestados y detenidos”.

“Entre septiembre de 2018 y julio de 2019, al menos ocho abogados destacados fueron detenidos por defender a presos políticos y defensores de los derechos humanos, muchos de los cuales han recibido largas condenas”, dijo.

Además, dijo, los manifestantes que piden una mejor protección de los derechos laborales en el ingenio azucarero Haft Tappeh han sido arrestados por cargos relacionados con la seguridad nacional, incluyendo a siete individuos recientemente sentenciados a entre seis y 19 años de prisión, aunque el jefe del poder judicial ordenó una revisión de las sentencias.