Honduras está sumida en una grave crisis política y social interna, que ya le cuesta decenas de millones de dólares en pérdidas a su economía y el aislamiento internacional, luego que el presidente Orlando Hernández asumió ayer el cargo para un segundo período, en medio de fuertes protestas y denuncias de fraude electoral.

Un amplio sector de la sociedad hondureña ya considera a Hernández como un presidente ilegítimo por dos razones básicas: más de la mitad de los hondureños están convencidos que no fue él quien ganó las elecciones del pasado 26 de enero, sino el candidato opositor Salvador Nasralla.

Aunado a ello, la mayoría considera que no debió ser candidato a la presidencia, porque la Constitución no contempla la reelección presidencial y que su candidatura solo fue posible gracias a que magistrados de la Suprema Corte de Justicia son aliados del mandatario.

El sábado, ningún presidente de países amigos de Honduras asistió a la toma de posesión de Hernández para un segundo período. Ni siquiera los vecinos centroamericanos, alguno nunca visto en la historia de la nación hondureña.

Por otra parte, numerosas protestas, repelidas por la policía y cubiertas de manera mínima y sesgada por la prensa local, marcaron el sábado el inicio del segundo mandato consecutivo de Hernández.

La Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó repetir las elecciones tras asegurar que no se pudo establecer con certeza al ganador de las elecciones presidenciales.

Pero Nasralla, el candidato de la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura, reclama para sí el triunfo electoral del 26 de noviembre.

Mientras marchaba a la cabeza del escrutinio, con 5 puntos porcentuales, se llevaron a cabo varias irregularidades, incluido un apagón del sistema informático que computaba los datos de las elecciones. Todos los observadores concluyeron que con casi el 60 por ciento de las actas escrutadas y 5 puntos por delante, Nasralla sería el ganador, pues esa tendencia era imposible revertir.

El Tribunal Supremo Electoral anunció 15 días después del evento electoral que Hernández había ganado los comicios, en medio de protestas en las calles a diario, que llevó al gobierno a decretar el estado de sitio.

Ayer sábado, con gases lacrimógenos, vehículos y tanquetas de agua, las fuerzas de seguridad se lanzaron contra los manifestantes, quienes sostienen que Hernández fue reelecto como resultado de un fraude electoral masivo.

“Prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, declaró Hernández, abogado de 49 años y líder del Partido Nacional, al momento de juramentar y recibir la banda presidencial durante una sesión del Congreso efectuada en el estadio nacional de Tegucigalpa, la capital, a la que asistieron miles de simpatizantes.

El acto fue resguardado con un fuerte operativo tierra-aire, aplicado por el ejército y la policía, para evitar cualquier tipo de ataque, mientras que a poca distancia Nasralla y miles de opositores exigían el respeto de la voluntad popular, que habría dado el triunfo al candidato de la izquierda.

En otros cuatro departamentos del país los manifestantes bloquearon carreteras e incendiaron un camión de carga, reportó el portavoz del Ministerio de Seguridad, Jair Meza. Críticos del gobierno señalaron que las cadenas de radio, televisión y medios impresos brindaron una amplia cobertura al acto oficial para minimizar el impacto de las protestas.

Durante diciembre y enero la economía de Honduras ha sufrido el impacto de la crisis y la actividad económica se ha visto afecta, principalmente con proyectos de inversión extranjera.

Analistas y académicos advierten que Honduras vivirá en los próximos meses un período de crisis que amenaza al país con el aislamiento y la falta de credibilidad ante la comunidad internacional.