María Fernanda Rodríguez muestra con orgullo la cacerola que destrozó hace unas semanas. Un recipiente negro y rojo completamente abollado por los golpes que le ha propinado. Hasta el 21 de enero, se los daba desde su casa, medio a escondidas, cuando escuchaba un sonido similar desde otras ventanas. Esa madrugada fue diferente. El runrún de que la gente estaba saliendo a las calles de su barrio se expandió muy rápido. Salió de casa disparada y bajó los 80 escalones que dan al cuartel de la Guardia Nacional. La única forma que le quedaba de expresar su agotamiento. “Estoy cansada de pasar hambre”.

Esta manicurista de 36 años, un torbellino de locuacidad, vive en el sector de Los Pinos, de Cotiza, un barrio de Caracas que se levantó en la víspera del 23 de enero, el día en que la oposición volvió a salir a las calles para protestar contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Cotiza tiene un valor simbólico enorme. Los barrios, en Venezuela, tienen una connotación específica, no son una parte más de una ciudad: son las zonas populares, las más golpeadas, las que empoderó Hugo Chávez, donde empezó a construir su programa Misión Vivienda, las que lo mantuvieron en el poder. Y las que también han comenzado a decir basta.

“Cotiza era un sector chavista que jamás se levantaba, jamás marchaba, jamás salía a protestar, por eso todo el mundo se quedó sorprendido. Fue un boom. Después, salieron otros barrios a protestar”, celebra Rodríguez, que admite que si no lo había hecho antes era por miedo: “Siempre te dicen que si sales a marchar te van a matar, te van a meter presa… todavía me dicen: ‘María, mosca [alerta], cuidado’. Pero yo les digo: ‘Tranquilos, estoy con Dios, soy cristiana”.

“El hambre tiene cara de perro, eso ha llevado a muchas personas a estar contra el Gobierno, el hambre puede más. He vivido el hambre en carne propia y es muy fuerte. Me he tenido que adaptar a cosas del Gobierno por necesidad”, dice Rodríguez. “Hoy, el venezolano no vive, sino que sobrevive…”, añade un poco más tarde uno de sus vecinos, Julio Camargo, de 25 años, que regresó a Venezuela hace un año desde Colombia, donde pasó ocho meses. “Todo ha empeorado, se me hace difícil cubrir los gastos de pañales para mi bebé. Gasta 20 pañales semanales, equivalente a un salario mínimo (18.000 bolívares, unos seis dólares), es decir, al mes gasto unos 60.000 bolívares en pañales”.