La comunidad internacional envía mensajes cada vez más contundentes contra la intención del Congreso de Guatemala de aprobar una ley que concedería una amnistía a militares y exguerrilleros responsables de delitos de lesa humanidad durante la guerra civil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que se archive el proyecto de ley, impulsado por ultraconservadores en el Congreso, y la ONU advierte de que supondría un paso atrás “muy grave”. Los juristas subrayan que viola la Constitución y tratados de derechos humanos.

Han pasado ya más de 22 años desde el acuerdo de paz que puso fin a 36 años de la sangrienta guerra civil en Guatemala, saldada con 250.000 muertos y 40.000 desaparecidos según acuerdo a cifras de la Comisión de Esclarecimiento Histórico patrocinada por la ONU. Antes de estampar la firma final, el Ejército guatemalteco y la guerrilla acordaron una amnistía para los responsables de delitos políticos y comunes conexos, pero que, como correspondía, no ampara a los responsables de crímenes de guerra.

En las últimas semanas, un sector ultraconservador del Congreso del país centroamericano impulsa una ley que otorgaría una amnistía total a los exguerrilleros, militares y miembros de fuerzas de seguridad del Estado responsables de delitos de lesa humanidad. La medida beneficiaría a los 42 oficiales de grados superiores y a un ex guerrillero sentenciados a cárcel en procesos con todas las garantías judiciales. También a las 4.000 personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado y a 87 antiguos rebeldes que esperan a ser juzgados cuando la Fiscalía haya cerrado los últimos detalles de sus expedientes. Si esta ley se aprueba y entra en vigor, los involucrados serán excarcelados en solo 24 horas, mientras detiene las investigaciones en marcha sobre los responsables de otros crímenes de lesa humanidad.

Los especialistas consultados por EL PAÍS subrayan la aberración jurídica que supondría la entrada en vigor de la nueva legislación, en la medida en que, amén de contradecir a la Constitución y otras leyes ordinarias, también sería violatoria de los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por Guatemala. La promoción de la normativa solo se explica por la incondicionalidad del presidente, Jimmy Morales, a quienes contribuyeron en gran medida a que llegaran al poder: los veteranos del Ejército guatemalteco, reunidos en torno a la asociación Avemilgua, muchos de ellos señalados de crímenes de guerra y a quienes se les considera el auténtico poder detrás del cetro de Morales.

La comunidad internacional ha enviado mensajes cada vez más contundentes para que Guatemala corrija el rumbo. Todas las alarmas saltaron en enero, cuando Morales dio por terminado de manera unilateral el acuerdo de la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, auspiciada por la ONU). Ese día, Morales ordenó que vehículos artillados donados por EE UU para combatir el narcotráfico patrullaran la capital guatemalteca y rodearan tanto la sede de la comisión anticorrupción, como la Embajada estadounidense. Las advertencias fueron subiendo de tono hasta que, esta semana, el Gobierno de EE UU anunció la suspensión de toda ayuda militar hacia el país centroamericano.