Juan Guaidó trata de recuperar la iniciativa en Venezuela con un envite a los engranajes más engrasados del chavismo. La carta que descubrió este martes, después de su regreso al país, es la movilización de los trabajadores públicos. El presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50 Gobiernos, convocó un paro de la Administración, al que no puso fecha, tras reunirse con representantes de 16 organizaciones sindicales y recoger sus propuestas. Anunció también una ley de garantías para proteger a los empleados de las represalias del régimen. El sector público, tradicionalmente fiel al Ejecutivo de Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro pese a las precarias condiciones laborales, tiene importantes grietas, según el político venezolano. Ahora se trata de agrandarlas para buscar una fractura en la maquinaria del Estado.

“Hoy la burocracia está siendo secuestrada por la dictadura”, afirmó Guaidó, que esta semana pretende reavivar la presión contra el oficialismo con una agenda renovada y nuevas manifestaciones previstas para el sábado. “Vamos hacia un paro escalonado en la Administración pública, definitivamente”, continuó. El dirigente asume que la apuesta es elevada y da por hecho que “vienen momentos complejos, días duros” por el hostigamiento de las autoridades. “Sabemos que van a empezar las amenazas, la persecución, pero hoy depende también de usted. El momento es ahora. El momento llegó”, insistió.

Este movimiento guarda similitudes con el intento de producir una ruptura la cúpula de las Fuerzas Armadas, que de momento no se ha dado. La operación del pasado día 23 de febrero para introducir cargamentos de material médico y alimentos a través de la frontera, frustrada por la actuación del aparato chavista, la policía y grupos paramilitares, demostró que el Gobierno mantiene las riendas del estamento militar. Y aunque se hayan producido ya más de 700 deserciones, esos números, muy significativos, no son suficientes para debilitar un sector con alrededor de 250.000 efectivos.

Los cerca de 2,8 millones de trabajadores públicos una cifra previa a la última oleada migratoria se enfrentan, a pesar de la falta de recursos y el descontento, a un dilema parecido. Además del salario mínimo, perciben ayudas y bonos del Estado, que suele asegurarse su apoyo electoral con un sistema de incentivos que incluyen las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Y en las concentraciones oficialistas es habitual, por ejemplo, ver a miles de empleados movilizados para arropar a los dirigentes bolivarianos.

En este contexto, la Asamblea Nacional comenzará hoy el debate de una ley de garantías que busca protegerlos ante las represalias. Y también elaborará un censo de trabajadores despedidos por causas de carácter político.