Ex vicepresidenta de Guatemal, Roxana Baldetti es condenada a 15 años de prisión

En la parte resolutiva, se establece que Baldetti es "responsable como autora" del delito de asociación ilícita (8 años de cárcel), tráfico de influencias en agravio de la administración pública (2 años y seis meses) y fraude (5 años).

Ex vicepresidenta de Guatemal, Roxana Baldetti es condenada a 15 años de prisión

Un Tribunal de Guatemala impuso una pena de 15 años y 6 meses de cárcel para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por integrar y liderar una organización criminal que defraudó al Estado con la compra de un producto para limpiar un lago que resultó ser agua con sal y cloro.

El titular del Tribunal C de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul, leyó este martes durante más de dos horas la sentencia, en la que Baldetti es encontrada culpable de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.

La ex vicepresidenta, que escuchó la resolución leyendo un libro, utilizó su poder político para realizar un fraude millonario al Estado para limpiar el lago de Amatitlán con un líquido que, según el fallo, "no sirve ni ha servido para nada, pues resultó ser agua con sal y cloro, entre otras sustancias corrosivas".

En la parte resolutiva, se establece que Baldetti es "responsable como autora" del delito de asociación ilícita (8 años de cárcel), tráfico de influencias en agravio de la administración pública (2 años y seis meses) y fraude (5 años).

El presidente del Tribunal manifestó que la ex vicepresidenta, a quien la Fiscalía le pedía 22 años de cárcel, "giró instrucciones a sus colaboradores" para colocar a personas "claves" en la ejecución del presupuesto estatal y así poder sacar "provecho" en favor de la organización criminal.

Según la investigación, Baldetti usó su poder político cuando ocupaba la vicepresidencia guatemalteca para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del Lago Amatitlán por valor de 137,8 millones de quetzales (17,96 millones de dólares) a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD.

El juzgador reconoció que lo entregado a la empresa, el total defraudado al Estado y trasladado a otras cuentas "nacionales e internacionales", sumó 22,8 millones de quetzales (2,96 millones de dólares), aunque "lo planificado a defraudar" era el total pero "por razones ajenas a la voluntad de los integrantes de la organización criminal no les fue posible apoderarse" de todo.

Esta red se esforzó "en darle apariencia de legalidad" a sus actividades a través de la manipulación de varios eventos administrativos para comprar "un producto orgánico en estado líquido" cuya fórmula no estaba inscrita, no contaba con registros sanitarios ni tenía estudios de impacto ambiental.

De los otros 11 implicados en este caso, 3 fueron absueltos y otros 8 enfrentan diversas penas por los delitos de asociación ilícita, fraude o incumplimiento de deberes.

(Con información de EFE)

 

 

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