Estados Unidos anunció que retiró de su lista negra de grupos terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la cual se encontraba desde 1997, señalando que “ya no existe como organización unificada”.

El hecho ocurre poco después del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el extinto grupo guerrillero y el Gobierno de Juan Manuel Santos.

“El Departamento de Estado revoca la designación de las FARC como organización terrorista extranjera”, expresó a través de un comunicado el Secretario de Estado, Antony Blinken.

Así mismo, dijo que “tras un acuerdo de paz de 2016 con el Gobierno colombiano, las FARC fueron disueltas y desarmadas oficialmente. Ya no existen como organización unificada dedicada al terrorismo o actividades terroristas, o con la capacidad o intención de hacerlo”.

Sin embargo, la eliminación de las FARC de la lista negra no modifica la posición de las autoridades estadounidenses acerca de los procesos judiciales iniciados o previstos contra ex líderes del grupo, especialmente los sospechosos de narcotráfico.

Además, el documento señaló que ha agregado a la lista de organizaciones terrorista a dos grupos asociados: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y al grupo Segunda Marquetalia.

Así mismo, se agregó a los líderes de dichos grupos: Luciano Marín Arango, Hernán Dario Velásquez Saldarriaga, Henry Castellanos Garzón, Nestor Gregorio Vera Fernández, Miguel Santanilla Botache, y Euclides España Caicedo.

Cabe destacar que la semana pasada Colombia conmemoró el histórico acuerdo de 2016, que permitió el restablecimiento de la paz y el desarme de la guerrilla marxista de las FARC, luego de uno de los conflictos más crueles y largos de América Latina.

En virtud de este acuerdo, las FARC, un movimiento que tomó las armas en la década de 1960, durante la Guerra Fría, se convirtió en el partido político Comunes, con representación garantizada en el parlamento, aunque sin demasiada influencia en las urnas.

El texto prevé reformas políticas y agrarias, las cuales se deberán aplicar antes de 2031.

Finalmente, pese a que el acuerdo disminuyó considerablemente la violencia, diversos grupos armados operan en el país, entre ellos algunos disidentes de las propias FARC.