Ecuador experimentó por primera vez en su territorio la indignación y estupor que impone el terrorismo cuando un grupo disidente de las FARC puso una bomba a inicios de año que hizo explotar un cuartel policial y medio centenar de casas en la frontera con Colombia. Dos meses más tarde, tres trabajadores del diario El Comercio fueron secuestrados y asesinados por la misma facción: el Frente Oliver Sinisterra, liderado por Walter Arízala, alias Guacho. Otra pareja de civiles desapareció poco después a manos de la banda relacionada con el narcotráfico.

También cuatro militares. Y ahora, tras diez meses del primer ataque, una investigación coloca al propio Ejército ecuatoriano en el foco de sospecha. Siete uniformados en activo fueron detenidos la semana pasada, junto a otros seis civiles, acusados de vender armas y municiones a la banda de Guacho.

La fiscalía ha registrado cuarteles militares, oficinas y viviendas en cinco provincias del país y ha detenido a 14 sospechosos, entre ellos, un funcionario del Ministerio de Defensa. Uno de los arrestados fue liberado después.

La línea de investigación oficial apunta a un entramado que aprovisionaba con material bélico del Ejército a los grupos que operan en la frontera ecuatoriano-colombiana y que están relacionados con el narcotráfico. Para ocultar la venta fraudulenta, un ingeniero informático de las Fuerzas Armadas se encargaba de alterar los inventarios.