La gran rebaja fiscal aprobada este año por la Administración de Donald Trump empieza a hacer aflorar su factura. El presidente comunicó este jueves al Congreso que planea utilizar su autoridad especial para situación de emergencia y congelar el aumento salarial que los empleados públicos federales tenían comprometido por ley para 2019 alegando la necesidad de controlar las cuentas públicas. 

La reforma tributaria aprobada el pasado diciembre, la más profunda desde la era Reagan, supone un tijeretazo de ingresos de 1,5 billones de dólares en 10 años y su efecto elevará el déficit público -la diferencia entre lo que las arcas públicas ingresan y lo que gastan- del 4,2% calculado para 2018 para este año hasta el 5,1% en 2022. Washington empieza a mirar con el recorte a los funcionarios la manera de cuadrar los números.

"Debemos mantener nuestros esfuerzos para situar a nuestra nación en un cauce fiscalmente sostenible y los presupuestos federales no pueden sustentar semejantes incrementos", explica Trump en su carta dirigida a los líderes republicanos de Senado y de la Cámara de Representantes, Mitch McConnell y Paul Ryan, respectivamente. 

El incremeneto salarial, que iba a entrar en vigor el 1 de enero del año que viene, estaba establecido en el 2,1%, lo que supondría un coste de unos 25.000 millones de dólares. "He decidido que para el año 2019 tanto los aumentos generales como los puntuales sean cero", dijo Trump.