El plazo vencía en la medianoche de este miércoles. Y unas horas antes, el secretario de Estado Mike Pompeo anunciaba que mantendrá suspendido, durante dos semanas más, hasta el próximo 1 de mayo, el título III de la ley Helms-Burton, cuya aplicación endurecería el embargo a Cuba y permitiría reclamar ante la justicia estadounidense propiedades en la isla expropiadas tras la Revolución de 1959.

Desde la promulgación de la ley Helms-Burton en 1996, durante la presidencia del demócrata Bill Clinton, los sucesivos Gobiernos estadounidenses han venido dejando sin efecto, cada seis meses, el citado título III de dicha ley, que podría provocar un alud de demandas. Pero la Administración de Donald Trump anunció el mes pasado un estrechamiento del cerco contra la economía cubana, articulado a través de dicho precepto, que anunció que mantendría en suspenso solo durante un mes, añadiendo presión a La Habana.

El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, que se encuentra estos días en Washington, donde mañana se celebra una reunión ministerial con motivo del 70º aniversario de la OTAN, le trasladó a su homólogo estadounidense, MIke Pompeo, durante una reunión bilateral que mantuvieron el lunes, el “radical desacuerdo” de España, y del conjunto de la UE, a la ruptura del “acuerdo de que prevé una renovación permanente y sistemática cada seis meses de la no aplicación de este capítulo”.

Este miércoles por la tarde, horas antes de que expirara el plazo para que la Administración Trump presentara al Congreso la eventual decisión de no renovar la suspensión, Borrell reiteraba en conferencia de prensa en Washington el “claro rechazo” de España y de la UE a una medida “que podría provocar daños a los inversores españoles”. “Si no lo presentan antes de las doce de la noche, no me voy a atribuir el mérito de que ha sido gracias a las conversaciones que hemos mantenido", ha dicho. "Pero creo que les han quedado claras las razones por las cuales España se opondría a eso. Hay una cuestión de principio, que es que nos negamos a aceptar la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas, creemos que sería un abuso de su capacidad de imponer normas a los demás. Y, en segundo lugar, por los intereses económicos de nuestro país”.

Cuando se aprobó la ley Helms-Burton, la UE se opuso al capítulo III, ante la posibilidad de que sus compañías fueran demandadas en Estados Unidos, y denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio. El litigio concluyó con el compromiso de EE UU de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella. El mes pasado, la Administración de Trump anunció la ruptura de eso compromiso, que este miércoles ha prolongado dos semanas más.