“El derecho al tiempo se trata del plazo que requieren las víctimas para superar sus traumas y enfrentar a los abusadores, en especial, las víctimas menores de edad. Por eso se busca aumentar el plazo de 10 a 25 años para que las víctimas realicen una denuncia penal”. La propuesta modificaría el artículo 31 del Código Penal y permitiría consolidar los instrumentos legales de protección a las personas menores de edad” explicó el diputado Enrique Sánchez. 

El proyecto de ley Derecho al tiempo, presentado por el diputado de Acción Ciudadana (PAC) Enrique Sánchez, no modifica los tipos penales existentes para los delitos sexuales contra menores de edad, ni aumenta las penas correspondientes. Su único objetivo es enmendar la legislación penal para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal. La iniciativa cuenta con el respaldo técnico y político del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El Proyecto de Ley Expediente N° 21261, avalado en su presentación al Congreso por 26 diputados, modificaría el artículo 31 del Código Penal, para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal de 10 a 25 años con lo que se consolidarían los instrumentos legales de protección a las personas menores de edad víctimas de delitos sexuales y les daría la oportunidad de presentar una acción penal contra los agresores.

“Se trata de reconocer el derecho al tiempo de las víctimas, pues los abusadores en muchos casos formaron parte de sus círculos de confianza y afecto. Las consecuencias físicas y emocionales de la violencia sexual, especialmente en etapas tempranas de desarrollo, impiden que los delitos se denuncien. Esto es un obstáculo para que las víctimas accedan a la justicia”, señaló el legislador.

Sánchez indicó que las denuncias por abusos sexuales contra personas menores de edad crecieron un 75% entre 2004 y 2007. Las autoridades sostienen que existe una gran cifra oculta de personas que no se atreven a denunciar. Ante ello, según el diputado, “el Estado tiene la obligación de actuar con el fin de proteger los derechos de todas las personas y asegurar las condiciones de acceso real a la justicia”.

Sánchez afirmó que el proyecto de ley se sostiene en “datos científicos que respaldan la modificación al plazo de prescripción que proponemos. Hay evidencia de que los traumas relacionados con agresiones sexuales en personas menores de edad, afectan regiones cerebrales que participan en el proceso de memoria. Por eso, es usual que las víctimas requieran un plazo apropiado de tiempo para recordar el evento traumático y denunciarlo”.